¡Qué escándalo aquí se juega!

 

Venezuela Más Allá de la Captura de Maduro

“Más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía”

Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco

La frase "¡Qué escándalo, he descubierto que aquí se juega!" es una cita icónica del personaje Capitán Renault (Claude Rains) en la película clásica "Casablanca”, utilizada para expresar fingida indignación al descubrir que en el Café de Rick (Humphrey Bogart) se estaba haciendo algo ilegal, como jugar a la ruleta. Mientras el capitán de la policía del gobierno colaboracionista de Vichy terminaba la frase, recibía las ganancias de sus apuestas y sobornos.[1]

El 3 de enero de 2026, el mundo se despertó con una noticia que parecía sacada de un guion de cine: las fuerzas especiales de Estados Unidos habían capturado al presidente venezolano Nicolás Maduro en una audaz operación nocturna en Caracas. El evento dominó los titulares globales, presentando una imagen de victoria decisiva para la política exterior estadounidense.

Sin embargo, más allá del impacto inicial, la situación real sobre el terreno y sus implicaciones globales son mucho más complejas y reveladoras de lo que sugieren las noticias, revelando una realidad que no solo desafía las narrativas simplistas, sino que también expone los contornos de una nueva y agresiva política exterior estadounidense, marcada por conceptos como la "Doctrina Donroe"[2] y lo que algunos analistas ya denominan la "Putinización"[3] de su diplomacia.

EE. UU. Capturó al Presidente, pero su Gobierno Permaneció en el Poder

El hecho más sorprendente de la "Operación Resolución Absoluta" es que, a pesar del éxito en la captura[4] de Nicolás Maduro, la estructura de gobierno que él lideraba se mantuvo en gran medida intacta. No hubo un colapso del régimen ni una transición inmediata de poder como muchos podrían haber esperado.

Tras la operación, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta “encargada” por orden del Tribunal Supremo de Justicia, y el resto del gobierno permaneció en su lugar. Este hecho socava la idea de que la remoción de una sola figura era suficiente para desmantelar el sistema político venezolano.

Elizabeth Dickinson, analista del International Crisis Group, señaló la importancia de esta continuidad: "remover a Maduro no necesariamente cambió la ecuación fundamental de control", ya que figuras de línea dura seguían ocupando puestos clave. Esta realidad desafía directamente la suposición común de que un "ataque de decapitación" contra un líder autoritario conduce automáticamente al colapso de su régimen, revelando la resiliencia del aparato estatal chavista subyacente. La reacción del nuevo gobierno en funciones fue de desafío inmediato,[5] lo que no le ha impedido aparentemente seguir las indicaciones que le dictan desde Washington.

Una Estrategia Pública aparentemente Fracturada e Incoherente

Inmediatamente después de la operación, la estrategia de Estados Unidos para el "día después" en Venezuela pareció sumida en la confusión, con altos funcionarios emitiendo mensajes notablemente contradictorios.

Primero, el presidente Trump declaró de manera inequívoca la intención de Estados Unidos de tomar el control directo: "Vamos a dirigir el país hasta el momento en que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa". Esta idea fue enmarcada dentro de lo que él denominó la "Doctrina Donroe".

Sin embargo, esta afirmación fue directamente “corregida” poco después por el Secretario de Estado Marco Rubio. En su declaración, Rubio aseguró que Estados Unidos no gobernará Venezuela. En su lugar, dijo que continuarían aplicando la "cuarentena petrolera" existente para presionar por cambios de política. Esta discrepancia pública expone una profunda incoherencia estratégica en los niveles más altos de la administración estadounidense, sembrando incertidumbre global sobre la verdadera visión de Washington para el "día después" en Venezuela.

Durante años, la narrativa sobre Venezuela se ha centrado en una supuesta disputa ideológica entre izquierda y derecha o en la descripción de un régimen autoritario aferrado al poder. Sin embargo, esta visión es obsoleta y oculta una transformación mucho más peligrosa. El país ha sido deliberadamente convertido en un enclave geopolítico, una plataforma de lanzamiento para actores hostiles que desafían abiertamente a Occidente. ¿Qué implicó esta transformación y quiénes operaban realmente desde esta nueva arquitectura de poder?

El análisis tradicional, anclado en conceptos como el "socialismo del siglo XXI", es ahora irrelevante para comprender la amenaza real. La realidad actual es que Venezuela ha sido transformada en una base estratégica para potencias y grupos externos con agendas propias. Este no es un proceso accidental, sino el resultado de una conversión deliberada que responde a intereses que trascienden las fronteras del país.

Venezuela ha sido ocupada progresivamente por un eje de actores estatales y no estatales que comparten un antagonismo común: desestabilizar el orden occidental. Entre los principales actores que han encontrado refugio y facilidades en el país se encuentran: Cuba, Rusía, China, Irán, Hezbollah,[6] Hamas…

No se trata de aliados diplomáticos lejanos, sino de actores que operan activamente desde territorio venezolano, estableciendo una amenaza física a solo tres horas de vuelo de Miami. Esta ocupación estratégica no responde a afinidades ideológicas, sino a un cálculo pragmático de poder. Esto no es una guerra ideológica. Es una arquitectura de poder.

La crisis venezolana ha dejado de ser un asunto interno desde hace mucho tiempo para convertirse en un problema de "seguridad hemisférica" y un "punto de ruptura global". Los actores que han venido operando desde su territorio (en un escenario descontrolado y con un gobierno complaciente), como Hezbollah y Hamas, no son grupos ideológicos con los que se pueda debatir, sino organizaciones armadas, entrenadas y fanatizadas. La narrativa ideológica se acabó hace tiempo ya.

El Interés Real de EE. UU. Va Mucho Más Allá de la Dependencia del Petróleo

Si bien el petróleo[7] es un factor innegable, como lo confirma la directa declaración del presidente Trump, "estamos en el negocio del petróleo", reducir los motivos de la operación a este único recurso es pasar por alto un conjunto mucho más amplio de imperativos estratégicos para Estados Unidos. El verdadero impulso de la política estadounidense es una compleja mezcla de intereses de seguridad, geopolítica y competencia por recursos.

Los intereses clave de EE. UU., más allá del petróleo, incluyen:

Competencia Geopolítica: Contrarrestar la creciente influencia de adversarios extraregionales como Rusia, China e Irán. Estos países, descritos como el "eje de agresores", utilizaban a Venezuela como un punto de apoyo estratégico para proyectar poder en el hemisferio occidental.

Seguridad de Recursos Tecnológicos: Asegurar el acceso a los vastos depósitos de minerales críticos de Venezuela, como el coltán y los elementos de tierras raras. Estos recursos son vitales para la competencia tecnológica y de defensa a largo plazo con China, que actualmente domina el mercado global.

Estabilización de la Migración: Detener el flujo de ocho millones de refugiados venezolanos, un éxodo que la administración estadounidense considera un imperativo de seguridad nacional que impacta directamente la seguridad fronteriza de EE. UU. y la estabilidad de toda la región.

Mitigación del Crimen Transnacional: Desmantelar lo que se describe como un "narcoestado". La operación fue justificada en parte como una medida para detener el tráfico de drogas desde Venezuela hacia los Estados Unidos y desarticular las redes criminales aliadas al régimen.

En síntesis, aunque el petróleo proporciona el incentivo económico y una forma de "reembolso", los verdaderos motores de la intervención son un conjunto de imperativos estratégicos entrelazados: reafirmar la Doctrina Monroe para el siglo XXI, asegurar las cadenas de suministro tecnológico frente a China y mitigar las crisis de seguridad interna que emanan directamente de la inestabilidad venezolana.

El "Socio" de Trump es una Leal a Maduro, mientras que la Oposición es Ignorada

En una de las paradojas más notables de la crisis, la administración Trump pareció optar por colaborar con una figura central del mismo régimen que acababa de decapitar: la vicepresidenta y ahora presidenta en funciones, Delcy Rodríguez.

El presidente Trump afirmó públicamente que Rodríguez se había comunicado con el Secretario Rubio y supuestamente le dijo: "Haremos lo que sea necesario". Trump interpretó esto como que ella estaba "esencialmente dispuesta a hacer lo que creemos que es necesario" para revivir Venezuela. Algo que, a pesar de las soflamas para consumo interno del chavismo, ya ha comenzado a realizar.

Este aparente acercamiento a una leal a Maduro contrasta fuertemente con el trato dado a la oposición democrática tradicional. Trump desestimó públicamente a la líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, afirmando que no tenía el apoyo o el respeto necesarios en el país para gobernar. Una afirmación que algunos interpretan como un ninguneo a quienes realmente ganaron las últimas elecciones que el chavismo se robó, mientras que otros ven en esta elección de socios una preferencia por la estabilidad transaccional sobre los principios democráticos; Washington parece priorizar un interlocutor controlable, incluso uno del antiguo régimen, por encima del camino más incierto de una transición liderada por una oposición que se encuentra en el exilio, o en las cárceles del régimen, y que no cuenta con ningún control efectivo sobre el aparato y las estructuras de poder del Estado.

La invocación (intermitente) al Derecho Internacional

A pesar de ser presentada como una victoria por la administración estadounidense, la operación ha generado una aparente profunda alarma en la comunidad internacional y entre expertos legales. Un consenso entre especialistas en derecho internacional califica el ataque como contrario al artículo 2 de la Carta de la ONU y lo define como un "crimen de agresión".[8]

Esta perspectiva global revela que, lejos de ser un simple acto de aplicación de la ley, la operación es vista por muchos como una grave erosión del orden internacional basado en reglas, con implicaciones potencialmente desestabilizadoras para el futuro.

El problema no es defender el derecho internacional,[9] el problema es invocarlo solo cuando sirve como freno, y guardarlo cuando exige incomodar a un aliado político. Porque lo que está pasando hoy es también responsabilidad de quienes hicieron la vista gorda [10]. Si hemos llegado hasta aquí es porque una parte de la comunidad internacional prefirió hacer negocios con el régimen de Maduro y avalar su satrapía. Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que en Venezuela hay terrorismo de Estado; cuando el Consejo de Derechos Humanos, con el Alto Comisionado en Ginebra, lo confirma y la Misión ONU en Venezuela[11]; cuando se confirman más de 20.000 ejecuciones extrajudiciales y que Maduro metió presos a jóvenes, ancianos y niños, queda claro que quien no denunció este horror[12] es porque tenía otros intereses.

Y es que la invocación al Derecho Internacional,[13] si realmente se quiere tomar como referente y límite del poder de la fuerza y del abuso de poder, debería poder recuperar su capacidad de producir consecuencias siempre que se viole, no solo comunicados. En caso contrario, seguirá ocurriendo lo inevitable: el “orden” será impuesto por quien use la fuerza y la legalidad quedará reducida a un lenguaje vacío para tranquilizar conciencias, no para proteger a las personas y a los pueblos.

Cuando un principio se aplica de forma selectiva, deja de ser un principio para convertirse en una consigna vacía. El caso del Sáhara Occidental [14]por ejemplo revela que, para una parte de la política española, el derecho internacional no es un marco ético inamovible, sino un argumento táctico que se utiliza o se guarda según convenga.

Si su cumplimiento depende de quién esté en la Casa Blanca o de los intereses estratégicos con nuestro vecino del sur, la "legalidad internacional" se vacía de todo contenido. Se convierte en un arma para la batalla ideológica, pero no en una guía real para la acción política.

¿Quién Controla Realmente el Futuro de Venezuela?

La dramática captura de Nicolás Maduro no ha simplificado la crisis venezolana; por el contrario, la ha vuelto más compleja y ha expuesto las profundas contradicciones de la política estadounidense, pero no solo la de Washington, también la de muchas cancillerías en el resto del mundo. La permanencia del gobierno chavista, la “confusa” estrategia de Washington, la multiplicidad de intereses más allá del petróleo y la controvertida elección de socios pintan un cuadro de incertidumbre.

Estados Unidos ha capturado al hombre, pero ha heredado la crisis. Con la "Doctrina Donroe" proclamada, la pregunta ya no es quién es el presidente, sino quién controlará el futuro de Venezuela y si ese control conducirá a la estabilidad prometida o a un enredo aún más profundo.

 

 

[1] La frase se ha popularizado para satirizar la hipocresía o la sorpresa ante lo obvio, aplicándose a situaciones políticas y sociales donde las figuras públicas actúan con indignación fingida ante hechos que ellos mismos permiten o en los que participan.

[2] La “doctrina Donroe”, así bautizó (de manera poco original) el presidente Donald Trump su visión de mundo en la rueda de prensa después de la operación militar que capturó a Maduro. Este nombre emula la doctrina Monroe que dio orden en el hemisferio durante el siglo XX, y bajo la cual Estados Unidos intervino varias veces en todo el continente para proteger sus intereses y se encuadra en el marco formal de la National Security Strategy publicada en noviembre de 2025. La Estrategia de Seguridad Nacional es un documento preparado periódicamente por el poder ejecutivo de los Estados Unidos que enumera las preocupaciones de seguridad nacional y cómo la administración planea abordarlas.

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-Strategy.pdf

[3] En noviembre de 2024 el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, se reunió en Londres con su homólogo británico, David Lammy, en un contexto que Lammy calificó de "tiempos geopolíticos difíciles”, en un artículo escrito por ambos mandatarios  en el diario británico 'The i' como en el francés 'Le Figaro' utilizaron la expresión “Putinización” referida al objetivo de Putin de sentar un nuevo precedente que ponga patas arriba el sistema internacional basado en normas, por el que los países sienten que pueden invadir a sus vecinos con total impunidad.

[4] ¿Captura o entrega? La narrativa oficial de una audaz incursión estadounidense se puede cuestionar ante la evidencia militar y diplomática, que apunta no solo a un combate, sino a una entrega coreografiada, en opinión de algunos analistas. Venezuela cuenta con uno de los sistemas de defensa aérea más robustos y densos de la región, que incluye los sistemas de misiles de fabricación rusa S-300 y Buk-M2, complementados por radares de largo alcance como el JY-27 de origen chino. Si fueron neutralizados por guerra electrónica de aviones como el EA-18G Growler o por “algo” más, es todavía una incógnita. La idea de que una flotilla de helicópteros pueda ingresar al espacio aéreo más protegido del país, ejecutar una operación y retirarse sin una sola respuesta defensiva es, desde un punto de vista técnico, inverosímil. Un fallo de esta magnitud en múltiples sistemas integrados no puede atribuirse a un simple error. Una explicación alternativa plausible es que los sistemas no fueron destruidos, sino que fueron "apagados" deliberadamente. Además, la extracción segura y simultánea de la esposa de Maduro, Cilia Flores, rompe con cualquier protocolo estándar de una incursión hostil. La inclusión de un familiar no combatiente en una operación de alto riesgo no es una decisión táctica; es una condición. Llevarse a la familia sana y salva es el sello distintivo de un salvoconducto negociado, asemejándose mucho más a un acuerdo de exilio pactado que a un arresto de guerra. Una operación de extracción aérea no termina con el despegue. El trayecto de salida es tan vulnerable, o más, que la incursión. Con un tiempo de operación en tierra de 20 minutos, la aviación militar venezolana, equipada con cazas de superioridad aérea como los Sukhoi-30 tenía la capacidad y el tiempo más que suficientes para despegar e interceptar a los helicópteros estadounidenses en su ruta de escape. Este corredor aéreo no es un hecho aislado; es la contraparte lógica de los sistemas de misiles silenciados, demostrando un control total del espacio aéreo con un propósito unificado: garantizar la salida, no impedir la entrada. Esto pudo ocurrir si el Alto Mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) garantizó deliberadamente la ruta segura para las aeronaves invasoras. Por último, En el tablero de la geopolítica, una acción militar directa de Estados Unidos contra un país soberano, y además aliado estratégico de potencias rivales, provocaría una crisis internacional inmediata. Se esperaría que naciones como Rusia y China activaran alertas globales, convocaran reuniones de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU y emitieran condenas en los términos más enérgicos. Sin embargo, la reacción real de Moscú y Pekín fue notablemente tibia y moderada. Esta falta de una respuesta contundente sugiere que no fueron tomados por sorpresa. Lo más probable es que fueran informados previamente del acuerdo o, incluso, que participaran activamente en la "triangulación" de la salida de Maduro —un proceso diplomático de tres vías donde actúan como mediadores y garantes para proteger sus vastos intereses económicos y estratégicos en Venezuela. La verdadera incógnita, más allá de la captura, es si Maduro se entregó o si fue traicionado por su equipo más cercano de colaboradores.

[5] "El pueblo venezolano [...] está indignado por lo que es el secuestro ilegal e ilegítimo del presidente y de la primera dama [...] Venezuela nunca más volverá a ser colonia de ningún imperio." Delcy Rodríguez, Presidenta en funciones de Venezuela.

[6] Se estima que el régimen de Maduro en Venezuela en los últimos años ha emitido y entregado no menos de 10.000 pasaportes, como nacionales de la República Bolivariana, a integrantes de Hezbollah.

[7] Muchos “analistas estratégicos” repiten una fantasía anclada en la geopolítica del pasado siglo: que Estados Unidos necesita dominar a Venezuela porque depende de su petróleo pesado. Es una idea que suena convincente en discursos y titulares, pero que se desmorona ante los datos duros del mercado. La realidad es bastante menos épica y mucho más incómoda para ese relato. La relación energética de Estados Unidos con el crudo pesado no se basa en fantasías geopolíticas, sino en dos pilares mucho más pragmáticos: la logística y la economía. Si las decisiones políticas de Estados Unidos hacia Venezuela se basaran puramente en una necesidad de petróleo, la ecuación sería muy diferente. Canadá ya cubre el volumen, la calidad y la seguridad que el mercado estadounidense demanda, de forma eficiente y confiable. Por lo tanto, cualquier conflicto o acercamiento con Venezuela debe explicarse por factores estratégicos y políticos que operan fuera del balance energético.

 

 [8] La reacción de las más altas instancias internacionales fue inmediata y contundente. "[La operación] constituye un precedente peligroso [...] Me preocupa que no se hayan respetado las normas del derecho internacional." António Guterres, Secretario General de la ONU. Numerosos analistas han establecido paralelismos preocupantes. Simon Tisdall, escribiendo en The Guardian, describió la acción estadounidense como "no muy diferente de" la invasión rusa de Ucrania y advirtió que podría crear un precedente que justifique una futura invasión de Taiwán por parte de China. De manera similar, el analista David Rothkopf describió la conducta del presidente Trump como la "Putinización de la política exterior de EE. UU."

[9] “Hay un argumento que hoy circula con fuerza en ciertos espacios ilustrados, progresistas y jurídicamente sofisticados: el régimen de Maduro es una dictadura, sí, pero ni siquiera ese hecho grave, probado y sostenido en el tiempo, permitiría justificar una intervención que viole el derecho internacional. Hacerlo, se dice, abriría la puerta al imperialismo, al colonialismo y a la ley del más fuerte. Defender la norma sería, en últimas, un acto civilizatorio. Ese es el argumento que se nos ofrece. Y es impecable… solo si se acepta mirar la realidad desde una abstracción casi total. Porque lo que ese razonamiento omite, sistemáticamente, es que el derecho, la soberanía y la autodeterminación no existen en el vacío. Existen, cuando existen, en condiciones materiales concretas. Y cuando esas condiciones son negadas o borradas del análisis, el resultado no es prudencia ni ética, sino una forma sofisticada de evasión política.

El primer problema de fondo es tratar el derecho internacional como si operara por sí mismo, como si fuera una fuerza autónoma capaz de producir efectos independientemente de quién detenta el poder material. Invocar la Carta de la ONU como si fuera un árbitro funcional presupone que sus mecanismos están diseñados para proteger a los pueblos frente a las potencias. Pero basta una mínima honestidad intelectual para admitir que no es así. El Consejo de Seguridad no está bloqueado por una falla circunstancial; está estructuralmente organizado para reflejar y preservar un equilibrio de poder entre Estados que, en este caso, sostienen activamente al régimen venezolano. Rusia y China no son observadores neutrales de la crisis venezolana (tampoco Irán). Son actores materiales de su reproducción. Saben usar el veto, y lo han hecho de manera sistemática, no solo en Venezuela, sino en múltiples escenarios donde el derecho internacional choca con sus intereses estratégicos. Plantear que la solución “correcta” era llevar el caso a un órgano cuyo bloqueo es previsible, permanente y funcional al statu quo no es defender el derecho: es fetichizar la norma cuando ya no produce ningún efecto real.

El segundo problema es la forma en que se invoca la soberanía. Se habla de ella como si fuera una cualidad intacta del Estado venezolano, una propiedad jurídica que basta con nombrar para que exista. Pero la soberanía no se mide por su proclamación formal, sino por la capacidad efectiva de decisión. Y hoy Venezuela no decide de manera autónoma su política energética, ni su financiamiento externo, ni la configuración de su aparato militar, ni la organización de su sistema electoral. Lo que existe es el control territorial de un aparato coercitivo sostenido por alianzas externas, economías criminales y flujos de poder que no responden al interés de la población.

En ese contexto, la pregunta relevante no es si una intervención viola la soberanía, sino qué soberanía se está defendiendo. Porque confundir al Estado con la sociedad, y al régimen con el pueblo, es uno de los errores más persistentes en la defensa indirecta de sistemas autoritarios. La soberanía popular no se preserva cuando se protege al aparato que la anuló.

Aquí aparece una omisión que resulta imposible de justificar sin reconocer un sesgo profundo. Durante más de veinte años, Venezuela ha sido intervenida de manera constante por potencias extranjeras. China ha condicionado su economía mediante deuda, captura de activos estratégicos e infraestructura crítica. Rusia ha intervenido en defensa, seguridad y entrenamiento militar. Irán ha exportado tecnologías de control social, inteligencia y represión. Todo eso son intervenciones reales, materiales y sostenidas en el tiempo. Sin embargo, rara vez son nombradas como violaciones graves de la soberanía por las mismas personas que hoy dicen defenderla. No generan la misma alarma moral ni la misma defensa apasionada del orden internacional. Esa asimetría no es casual. Revela que el problema no es la intervención como fenómeno, sino quién la ejerce. Cuando la intervención proviene de actores no occidentales, se naturaliza o se relativiza. Cuando proviene de Estados Unidos, se convierte en una amenaza civilizatoria. El criterio no es jurídico; es político.

A partir de ahí se introduce el argumento del “precedente peligroso”: aceptar esta intervención abriría la puerta a que cualquier potencia desconozca elecciones en otros países y se arrogue el derecho de intervenir. Pero ese razonamiento solo funciona si se eliminan todas las condiciones materiales concretas del caso venezolano. El fraude electoral probado, el colapso institucional, la inexistencia de competencia política real, los crímenes sistemáticos contra la población, el reconocimiento explícito de una autoridad electa alternativa y la solicitud expresa de apoyo externo son borrados del análisis para construir una analogía abstracta y alarmista para movilizar incautos o personajes con ausencia de pensamiento crítico y exceso de culpa pequeñoburguesa. Eso no es prudencia jurídica. Es negar el análisis concreto de una situación material concreta, sustituyéndolo por un escenario hipotético diseñado para inmovilizar cualquier acción. Lo mismo ocurre cuando se invocan Afganistán, Irak o Libia como advertencias universales. Esos casos se presentan como pruebas concluyentes de que toda intervención termina en desastre, independientemente de las estructuras sociales, la configuración del poder interno o el grado de colapso del Estado. La historia se convierte así en un espantajo retórico: no para entender procesos, sino para clausurar la discusión. El desastre pasado se usa como coartada para la inacción presente.

Pero quizá el punto más problemático de todo este enfoque es la manera en que se trata a los venezolanos. Se reconoce su alegría, su alivio momentáneo, pero inmediatamente se la encuadra como ingenua, emocional o mal informada. Se les recuerda que hay costos, que hay intereses, que el escenario es incierto. Todo eso es cierto. Y precisamente por eso resulta insultante suponer que no lo saben y avanzar con vehemencia restándoles agencia.

Al final, más allá del lenguaje elevado y las referencias normativas, el resultado material de esta posición es claro: La dictadura permanece. La represión continúa. El empobrecimiento se profundiza. El multilateralismo no actúa. Y la responsabilidad política se diluye en una defensa abstracta de normas que ya no producen resultados. No es neutralidad. Es conservación pasiva del orden existente. No se trata de idealizar a Estados Unidos ni de negar los intereses en juego. No se trata de celebrar la fuerza como principio. Se trata de algo más básico: no convertir el derecho en un refugio moral que permita mirar hacia otro lado cuando las condiciones materiales ya no admiten espera. Cuando una norma deja de servir a quienes viven bajo coerción, defenderla como un absoluto no es civilizatorio. Es otra forma —más pulcra, más sofisticada— de administrar la dominación sin hacerse cargo de sus efectos reales.

Son precisamente ese tipo de moderados, obsesionados con verse correctos, incapaces de asumir costos éticos, cómodos en su legalismo estéril, los que históricamente han facilitado las dictaduras: no porque las amen, sino porque nunca están dispuestos a incomodarse para detenerlas. Y lo más miserable es que muchos de ellos sí lo saben. Simplemente no les importa, porque su prioridad no es la libertad ajena, sino preservar intacta su autopercepción de virtud.” Hanna Escobar.

[10] El Parlamento Europeo ha emitido al menos una docena de resoluciones principales desde 2016, con un patrón recurrente: condena a represión, no reconocimiento de procesos electorales considerados fraudulentos (2018, 2020, 2024), apoyo a la oposición democrática y llamadas a sanciones selectivas/humanitarias.

8 de junio de 2016 — Resolución sobre la situación en Venezuela (referencias previas a resoluciones de 2014-2015). Condenó violaciones de derechos humanos, prisión política y bloqueo a la Asamblea Nacional. (Una de las primeras en la serie post-elecciones 2015).

27 de abril de 2017 — Resolución sobre la situación en Venezuela. Criticó la disolución de facto de poderes, violencia y diálogo frustrado. Otras en 2017 (ej. mayo/junio) sobre derechos humanos y diálogo con mediadores internacionales.

3 de mayo de 2018 — Resolución sobre las elecciones presidenciales en Venezuela (consideradas no democráticas).

5 de julio de 2018 — Resolución sobre la crisis migratoria y humanitaria en Venezuela y fronteras con Colombia/Brasil.

25 de octubre de 2018 — Resolución general sobre la situación en Venezuela.

25 de enero de 2019 — Reconocimiento explícito a Juan Guaidó como presidente interino legítimo

28 de marzo de 2019 — Resolución sobre la emergencia humanitaria en Venezuela.

10 de julio de 2020 — Resolución sobre la emergencia humanitaria agravada por COVID-19

Enero 2021 — Varias sobre presos políticos y cierre de medios.

2022-2023 — Menciones continuas a sanciones, Misión de la ONU y crisis persistente.

19 de septiembre de 2024 — Resolución sobre la situación en Venezuela (post-elecciones 28 julio 2024). Condenó fraude electoral, reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo electo y a María Corina Machado como líder democrática.

23 de enero de 2025 — Resolución sobre la situación en Venezuela tras la usurpación de la presidencia el 10 de enero de 2025. Condenó la "usurpación" por Maduro, no reconoció su legitimidad, pidió ampliación de sanciones y revocación de órdenes de detención contra González.

En la relación anterior de resoluciones del Parlamento Europeo sobre Venezuela (2016-2025), los grupos políticos españoles de Podemos, Izquierda Unida (IU) y EH Bildu (integrados en el grupo parlamentario The Left o su predecesor GUE/NGL) han mostrado una postura generalmente en contra o con abstenciones en las resoluciones críticas al régimen de Maduro o que apoyan a la oposición democrática (como reconocimiento a Guaidó o González Urrutia, condenas a represión, llamadas a sanciones o liberación de presos políticos).

Resoluciones antiguas (2016-2017): Izquierda Unida votó en contra (ej. junio 2016: liberación de presos políticos; abril 2017: calendario electoral y presos). Podemos se abstuvo en varias (ej. 2016-2017), argumentando que eran "estrategias electorales" o parciales, y no reconocían contexto de "golpismo" opositor. EH Bildu se abstuvo o votó en contra junto a ellos.

Resoluciones intermedias (2018-2020): En contra o abstenciones frecuentes (ej. julio 2020: crisis humanitaria y sanciones; Podemos, Bildu y a veces Vox coincidieron en contra). El grupo de la Izquierda Unitaria (incluyendo Podemos e IU) votó sistemáticamente contra textos impulsados por PPE, S&D y Renew.

19 de septiembre de 2024 (reconocimiento a Edmundo González como presidente legítimo, condena al fraude electoral): Adoptada con 309 a favor, 201 en contra y 12 abstenciones. Los eurodiputados de Podemos, Sumar (incluyendo IU/Comunes) y EH Bildu votaron en contra, alineados con La Izquierda (The Left), junto a BNG, ERC y otros. Esta resolución fue más "dura" (impulsada por PPE + ECR + PfE), y la izquierda la rechazó por considerar que normalizaba extrema derecha o no abordaba diálogo.

23 de enero de 2025 (sobre la "usurpación" de presidencia por Maduro el 10 enero, no reconocimiento a su legitimidad, ampliación de sanciones, revocación de orden de detención contra González): Adoptada con 374 a favor, 53 en contra y 163 abstenciones. De los eurodiputados españoles: PSOE, PP y PNV votaron a favor; Bildu, BNG, Podemos y Sumar (incluyendo IU/Comunes) votaron en contra. Vox se abstuvo. Los 53 votos en contra globales incluyen a La Izquierda (The Left), donde están agrupados Podemos, IU y EH Bildu.

[11] La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (conocida comúnmente como la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela). Esta misión está operativa desde 2019. Concretamente, fue establecida el 27 de septiembre de 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, mediante la resolución 42/25. Su mandato inicial era de un año, con el objetivo de investigar presuntas violaciones graves de derechos humanos cometidas en Venezuela desde 2014. Desde entonces, su mandato ha sido renovado varias veces (incluyendo extensiones hasta octubre/septiembre de 2026, según las resoluciones más recientes como la 57/36). La Misión ha publicado múltiples informes anuales y actualizaciones, documentando patrones de violaciones sistemáticas, posibles crímenes de lesa humanidad y otros abusos, y continúa activa hasta la fecha (enero 2026), incluso emitiendo pronunciamientos recientes.

[12] 35 mil torturados, 10 mil desaparecidos, 8 mil presos políticos.

[13] "Muchas personas me preguntan mi opinión sobre la cuestión de los EE. UU. y Venezuela, como profesor de derecho internacional que vive hace 10 años en los EE. UU.. En lugar de responder uno por uno, decidí poner aquí lo que pienso. Para quien tenga interés y paciencia para leer, aquí va. Mi opinión es que el debate sobre Venezuela ha sido secuestrado por una lectura selectiva —y profundamente hipócrita— del derecho internacional. Se invoca la "soberanía", la "no intervención" y el "orden jurídico internacional" como si estos conceptos existieran para proteger a los gobiernos, y no a las personas. Como si la soberanía estatal fuera un escudo moral absoluto, capaz de justificar el hambre, la persecución, la tortura, el exilio masivo y la supresión completa de la voluntad popular. No lo es.

La soberanía no es un fin en sí misma; nunca lo fue. Es un instrumento funcional, condicionado al cumplimiento mínimo de los deberes del Estado para con su población. Cuando un régimen transforma a su propio pueblo en rehén —empobrece deliberadamente a la sociedad, destruye instituciones, persigue opositores, defrauda elecciones y elimina cualquier posibilidad real de alternancia de poder—, ese régimen pierde la legitimidad que da sentido a la soberanía que alega defender. El derecho a la vida, a la dignidad humana y a la autodeterminación de los pueblos no son "valores occidentales" opcionales ni retórica política. Son normas centrales del orden jurídico internacional contemporáneo. Un gobierno que viola sistemáticamente estos derechos no puede exigir que el mundo cierre los ojos en nombre de una abstracción jurídica conveniente.

Venezuela no es un caso de "divergencia ideológica"; es una tragedia humanitaria. Millones de personas se han visto obligadas a dejar el país. Las que se quedaron conviven con la escasez, la represión y el miedo. No hay elecciones libres. No hay prensa independiente. No hay un Poder Judicial autónomo. No hay canales internos efectivos para que el pueblo se libere por su propia cuenta. Defender que ese pueblo "resuelva solo" su situación es, en la práctica, defender la perpetuación del sufrimiento. Por eso, la ayuda externa —incluida la militar, cuando sea necesaria para proteger vidas y no regímenes— no es una violación moral del derecho internacional. Es la afirmación de su núcleo ético. La comunidad internacional existe precisamente para evitar que se cometan atrocidades detrás de fronteras convenientemente cerradas.

La reacción de muchos venezolanos deja esto claro. Mientras comentaristas extranjeros, cómodamente distantes, condenan las intervenciones en nombre de una soberanía abstracta, quienes viven la desesperación real celebran. Celebran porque ven una oportunidad concreta de liberación. Celebran porque saben que el "respeto a la soberanía" fue, durante años, la excusa perfecta para la inercia internacional. El paralelo histórico es inevitable. Si en la Europa de los años 1940 las potencias hubieran decidido no liberar los campos de concentración para respetar la soberanía alemana, hoy esa omisión sería recordada como complicidad. Ningún orden jurídico serio puede exigir neutralidad ante crímenes masivos contra la propia población.

Invocar el derecho internacional para defender a dictadores es una perversión intelectual. Es transformar un sistema creado para proteger a los seres humanos en un argumento de conveniencia para proteger a los opresores. No hay nada de progresista en ello. No hay nada de humanista. Solo hay el consuelo moral de quien nunca ha tenido que elegir entre soberanía y supervivencia. El derecho internacional no existe para blindar regímenes autoritarios. Existe para recordar que ningún gobierno —absolutamente ninguno— tiene el derecho de destruir a su propio pueblo en paz.

Otro argumento recurrente —e intelectualmente perezoso— es el de que la intervención no sería "humanitaria", sino movida por intereses económicos. Aunque existan intereses estratégicos o económicos —como casi siempre han existido en cualquier acción relevante en la política internacional—, eso no invalida, ni de lejos, la legitimidad moral del resultado cuando este atiende a una demanda real y explícita del propio pueblo oprimido.El criterio central no es la pureza de las motivaciones externas, sino la realidad vivida internamente. Y esa realidad es inequívoca: los venezolanos, en su mayoría, celebran y apoyan la intervención porque saben quién es el verdadero agresor. Fue el propio régimen dictatorial el que, al elegir preservar el poder a costa del hambre, de la represión y de la destrucción social, abrió la puerta a una respuesta externa. Cuando un gobierno ataca sistemáticamente a su propio pueblo, él mismo elimina cualquier autoridad moral para cuestionar los motivos de quien interviene para poner fin a ese sufrimiento. En este escenario, incluso una acción impulsada por intereses no exclusivamente humanitarios se vuelve necesaria, legítima y moralmente correcta, porque la alternativa concreta sería la continuidad de la opresión.

Por lo tanto, la fundamentación de aquellos que colocan la ideología por encima de todo —y que después rebuscan en el derecho internacional frases, conceptos y principios que sirvan a la respuesta que ya decidieron dar— es, como mínimo, lamentable. No es una defensa seria de la legalidad internacional, sino un ejercicio de cinismo selectivo, hecho a la distancia y sin ninguna empatía por quien vive el colapso en carne propia. Cuando la ideología viene antes del ser humano y la soberanía es invocada para justificar la miseria, el derecho deja de ser instrumento de justicia y pasa a ser apenas retórica vacía al servicio de la indiferencia". Felipe Hasson, Global Attorney

[14] El caso del Sáhara Occidental es el ejemplo más elocuente de esta doble vara de medir. Para entender la magnitud del abandono de principios, es fundamental recordar algunos datos básicos: El Sáhara Occidental figura en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas desde 1963. La ONU reconoce explícitamente el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación a través de múltiples resoluciones. Para garantizar este derecho, se creó la MINURSO, una misión de la ONU cuyo objetivo principal —aún incumplido— era organizar un referéndum. Según el criterio de la propia ONU, España sigue siendo legalmente la potencia administradora del territorio, ya que nunca transfirió esa responsabilidad de forma correcta. Históricamente, la postura de España, con gobiernos de distinto signo, siempre fue la de apoyar las resoluciones de la ONU y defender el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Esta posición, aunque incómoda, era jurídicamente sólida y coherente. Hasta que, de repente, dejó de serlo. La decisión del gobierno de Pedro Sánchez de avalar el plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara supuso un giro radical en la política exterior española. Este cambio es tan drástico porque contradice frontalmente el marco de la ONU, ya que el plan marroquí no contempla la autodeterminación, que es la piedra angular de las resoluciones internacionales. Lo más sorprendente fue la forma en que se ejecutó: sin debate parlamentario, sin explicación pública y sin el menor esfuerzo por justificar un cambio radical que rompía con décadas de diplomacia. La razón de este silencio es incómoda pero evidente: en el caso del Sáhara, Marruecos pesa más que la coherencia. Lo llamativo no es solo el cambio, sino la reacción, o más bien la ausencia de ella, por parte de quienes se rasgan las vestiduras cuando Washington se salta normas en América del Sur.