Conflictos bélicos y "accountability"

 

Infantes de la marina sueca, Misión de Estabilización Integrada Multidimensional de Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) 2018

«...No hubo quien se cuidara del botín. Así, excitados por la matanza ocurrida y por las fatigas del asedio, no perdonaron ni a los ancianos, ni a las mujeres, ni a los niños. Por fin, de entre todo el número, que se aproximó a los cuarenta mil hombres, apenas ochocientos, que al principio huyeron de la ciudad a los primeros gritos, llegaron sanos y salvos ante Vercingetórige». Julio César, Guerra de las Galias.

La Verdad Incómoda de la Paz

La "accountability" en conflictos bélicos es la obligación de individuos y organizaciones de rendir cuentas por sus acciones, especialmente en relación con violaciones del derecho internacional y crímenes de guerra, genocidio o crímenes de lesa humanidad.

La imagen popular de la paz está llena de simbolismo esperanzador: líderes que se dan la mano, multitudes que celebran en las calles y la promesa de un nuevo amanecer. Es la conclusión noble y purificadora de un conflicto destructivo. Sin embargo, la cruda realidad que revelan los datos de las últimas décadas cuenta una historia muy diferente, una que es profundamente incómoda.

Y es que la paz, en el mundo moderno, casi siempre se negocia con personas acusadas de los peores crímenes. Este artículo quiere poner el foco en la paradoja central de la paz moderna: para detener la violencia, es indispensable negociar con sus arquitectos, un acto pragmático [1] que choca frontalmente con la creciente exigencia global de justicia sin impunidad. Basándonos en un análisis de más de mil acuerdos recientes, revelaremos algunas verdades sobre cómo se construye la paz en el siglo XXI.

La Paz se Negocia también con Criminales: La Estadística no engaña

La primera verdad, y la más impactante, es una estadística implacable: entre el 95% y el 100% de los acuerdos de paz documentados en los últimos 25 años involucraron, al menos, a una parte acusada formalmente de cometer crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Esta cifra no es una estimación, sino el resultado del análisis de vastas bases de datos sobre resolución de conflictos. [2]

Este dato desafía de forma radical nuestra concepción de la paz como un proceso entre partes moralmente "limpias". La realidad es que las violaciones al derecho internacional humanitario son una consecuencia endémica de las guerras contemporáneas, donde a menudo participan actores no estatales, se ataca y se utiliza deliberadamente a la población civil para alcanzar objetivos políticos y predominan las tácticas de guerra asimétrica. Por lo tanto, para detener la violencia, es inevitable sentar en la mesa de negociación a los mismos actores que la dirigieron. La paz no se firma con idealistas, sino con quienes tienen el poder de detener los combates.

De Colombia a Gaza: Un Fenómeno Mundial

Esta dinámica no es una anomalía regional, sino la norma universal en la resolución de conflictos mayores. Un vistazo a los acuerdos firmados desde Burundi hasta Nepal demuestra el alcance global de este patrón. En Sudán, los acuerdos de paz tanto para el conflicto Norte-Sur como para el de Darfur requirieron negociar con partes acusadas de genocidio. El patrón se repite en otros casos significativos:

• Colombia (2016): El histórico acuerdo con las FARC implicó negociar con un grupo acusado de masacres y de utilizar el narcotráfico como crimen de guerra.

• Ucrania (2014): El Protocolo de Minsk sentó a la mesa a partes acusadas de bombardeos indiscriminados contra zonas civiles y tortura.

• Etiopía (2022): El acuerdo de paz de Tigray se firmó entre el gobierno y el TPLF, ambos acusados por la ONU de genocidio y violaciones sexuales masivas.

• Afganistán (2020): El acuerdo de Doha, que selló la retirada de Estados Unidos, se negoció directamente con los talibanes, responsables de innumerables ataques contra civiles.

• Gaza (noviembre de 2023): Las treguas y altos el fuego han involucrado a Israel y Hamás, ambos investigados por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra, incluyendo bombardeos y toma de rehenes.

Esta lista demuestra que, sin importar el continente o la naturaleza del conflicto, la paz se construye a través del diálogo con actores cuyas manos están manchadas por la violencia. Negociar con perpetradores de atrocidades no es la excepción, es la regla.

La Nueva Era de la Responsabilidad: Paz sin Impunidad

Aquí es donde emerge la gran paradoja del siglo XXI. Mientras que la paz exige pragmatismo y negociación con los verdugos, el marco legal internacional se ha vuelto cada vez más inflexible contra la impunidad. Desde la creación de la Corte Penal Internacional (CPI) en 2002, se ha intensificado una tendencia global a incluir cláusulas de rendición de cuentas (accountability) en los propios acuerdos de paz. La CPI creó una arquitectura jurídica permanente que hace política y legalmente insostenible que mediadores internacionales, como las Naciones Unidas, auspicien pactos que ofrezcan amnistías generales, alterando así el cálculo fundamental de las negociaciones. La política de la ONU es explícita: no respaldará ningún acuerdo que impida la rendición de cuentas por crímenes de guerra, genocidio o crímenes de lesa humanidad. Esta postura refleja un consenso global de que la paz no puede comprarse al precio del olvido.

En discusiones académicas se considera "extremadamente raro" que las guerras mayores terminen sin que existan violaciones al derecho internacional humanitario, ya que estas son comunes en conflictos prolongados. Nos enfrentamos, por tanto, a un dilema fundamental: para alcanzar la paz hay que dialogar con los responsables de la violencia, pero el derecho y la moral modernos exigen que esos mismos responsables no escapen a la justicia. Cuestión aparte son las críticas por supuestos sesgos y falta de imparcialidad en su aplicación. [3]

La paz moderna nos confronta con una elección insoslayable entre el pragmatismo que detiene el derramamiento de sangre y la justicia que honra a las víctimas. Este no es un acto de purificación, sino un proceso complejo y moralmente ambiguo. Lejos de suponer un abandono de la justicia, la tendencia actual apunta hacia la difícil y novedosa tarea de integrar mecanismos de rendición de cuentas dentro de los propios procesos de paz. Esta tensión define el futuro de la diplomacia y el derecho internacional, forzándonos a navegar un equilibrio delicado entre la necesidad de terminar el sufrimiento y el imperativo de exigir responsabilidades. Sabiendo que el camino hacia la paz se construye negociando con los responsables de la guerra, ¿cómo debería la sociedad equilibrar la necesidad urgente de silenciar las armas con la exigencia ineludible de justicia?

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[1] "La dicotomía moral que representa centrarse en la urgente búsqueda de un cese inmediato de las acciones violentas, con el objetivo de salvar vidas y evitar más daños, en base a un acuerdo inestable en relación a su vigencia temporal posterior, o focalizar en establecer un diálogo más amplio –y necesariamente más alargado en el tiempo- como base solida para alcanzar la paz a largo plazo, no siempre será una decisión sencilla de tomar...En paralelo a las intervenciones mediadas se pueden, y de hecho se dan, otras intervenciones de mantenimiento o imposición de la paz a través de organizaciones regionales o internacionales que se ciñen a mandatos específicos con el recurso a fuerzas militares de interposición que los aplicaran desde posiciones que serán imparciales pero no neutrales" Vázquez. A. "Estructura básica de un protocolo de intervención, particularidades de la mediación en conflictos violentos: pautas de conducta, valores y principios, elementos esenciales", cap. 3.1, Modulo Mediación en Conflictos Violentos, Programa Modular de Mediación, UNED, Madrid 2014-2026. Fundación UNED

[2] Como PA-X, (https://www.peaceagreements.org/) que documenta aproximadamente 1.390 acuerdos en este período, y UN Peacemaker (https://peacemaker.un.org/es).

[3] La Corte Penal Internacional (CPI) ha enfrentado numerosas críticas por supuestos sesgos y falta de imparcialidad. Estas provienen de actores como la Unión Africana (UA), líderes políticos, gobiernos, académicos y organizaciones de derechos humanos. Aunque la CPI defiende su neutralidad argumentando limitaciones jurisdiccionales (como autoremisiones de estados y no universalidad del Estatuto de Roma), las acusaciones persisten y han erosionado su legitimidad. Sesgo geográfico y "africanización" de la CPI. Una de las críticas más recurrentes es que la CPI se concentra desproporcionadamente en África, con 10 de 11 situaciones investigadas y 47 de 54 indiciados procedentes del continente. Esto genera la percepción de que actúa como un "tribunal para africanos", ignorando atrocidades en otras regiones como Siria, Myanmar o Yemen. La UA ha calificado esto como un "sesgo africano" inherente, acusando a la Oficina del Fiscal (OTP) de priorizar casos africanos de manera inapropiada, lo que ha llevado a intentos de retiro de países como Burundi, Gambia y Sudáfrica. Desde la perspectiva africana, esto se ve como una herramienta de potencias occidentales para desestabilizar líderes africanos, amenazando la soberanía y estabilidad continental. Líderes como el presidente de Burundi han denunciado que la CPI es un "instrumento político usado por Occidente para esclavizar otros estados". Dobles estándares y selectividad en las investigaciones. La CPI es acusada de aplicar "dobles estándares" al priorizar casos políticamente convenientes para potencias influyentes, como la rápida investigación en Ucrania (lanzada en meses con fondos extras "etiquetados"), mientras deprioriza otros como Afganistán (crímenes de EE.UU. y fuerzas afganas) o Irak (crímenes británicos), citando "limitaciones presupuestarias". Amnistía Internacional ha criticado esta selectividad, que erosiona la igualdad de acceso a la justicia para víctimas no alineadas con intereses geopolíticos. En conflictos como Rusia-Ucrania o Gaza, se señala asimetría: órdenes de detención contra Putin pero silencio sobre crímenes ucranianos, o equiparación aparente entre Hamas e Israel que ignora diferencias en imputaciones, lo que parece motivado por presiones externas. Influencia política de grandes potencias y violación de soberanía. Críticos argumentan que la CPI es susceptible a la influencia de EE.UU. y la UE, que no son miembros plenos pero controlan remisiones vía el Consejo de Seguridad de la ONU (donde EE.UU., Rusia y China tienen veto). EE.UU. ha impuesto sanciones a funcionarios de la CPI cuando investiga a sus aliados o tropas, destacando contradicciones que comprometen la imparcialidad. Esto se percibe como un sesgo ideológico que usa la justicia como "arma de los poderosos" contra el Sur Global. La UA ve los indicios contra jefes de Estado en ejercicio (como Omar al-Bashir de Sudán) como una violación de la inmunidad soberana, priorizando la "judicialización de la política" sobre la estabilidad, lo que socava la legitimidad de la CPI. Opacidad, demoras y sesgo ideológico en la Fiscalía. La falta de transparencia en procesos y demoras prolongadas (hasta décadas en algunos casos) genera sospechas de fobias y favoritismos, fomentando desconfianza. Además, decisiones de la Fiscalía, como las de Karim Khan, se critican por pre-juicio ideológico y selección política de casos, convirtiendo la CPI en un instrumento de propaganda geopolítica. Académicos destacan que esta opacidad, combinada con la dependencia de cooperación estatal, hace que la CPI parezca "parcial" en su ejecución, especialmente al no perseguir a actores no estatales o poderosos con igual vigor. Estas críticas han impulsado llamadas a reformas, como mayor universalidad del Estatuto de Roma, financiamiento no condicionado y mayor autonomía de la OTP (Oficina del Fiscal de la CPI). Sin embargo, persisten tensiones, con la UA promoviendo alternativas regionales y organizaciones como Amnistía Internacional abogando por equidad sin comprometer la accountability. En resumen, el debate gira en torno a si la CPI es inherentemente sesgada por su estructura geopolítica o simplemente limitada por la realidad del poder internacional.